En un golpe más a la libertad de prensa en México, el periodista veracruzano Rafael León Segovia, fue vinculado a proceso por cargos absurdos que incluyen terrorismo, sabotaje y ataques a las vías generales de comunicación.
Detenido el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo policial que involucró a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el profesional de la información sufre un resguardo domiciliario ordenado por un juez local. ¿Su «delito»? Llegar, antes que las autoridades, a escenas de crimen y reportar hechos que cuestionan la eficacia de los procedimientos de seguridad en el estado, exponiendo la inoperancia de las autoridades en un Veracruz azotado por la violencia.
Rafael León, veterano de la nota roja, ha dedicado su carrera a documentar homicidios, ejecuciones y actos de violencia en una de las regiones más peligrosas del país. Sus reportajes, publicados en redes sociales y medios locales, han revelado fallos sistemáticos en la respuesta de las fuerzas de seguridad estatales, como demoras en la atención a escenas delictivas o protocolos inadecuados que permiten la alteración de evidencias.
En lugar de investigar estas denuncias, la fiscalía veracruzana, bajo el mando de un gobierno alineado con MORENA, optó por criminalizarlo. La imputación inicial por terrorismo –un cargo que evoca imágenes de ataques armados, no de periodismo– fue calificada por organizaciones como Artículo 19 como un «peligroso precedente» contra la libertad de expresión. Este no es un caso aislado, sino una estrategia deliberada para silenciar voces críticas que incomodan al poder.
El morenato en Veracruz ha intensificado esta persecución bajo el pretexto de «proteger la seguridad pública». Pero la realidad es más siniestra: se trata de una modificación legislativa y judicial para consumar la censura. En los últimos años, estados gobernados por MORENA han impulsado reformas al Código Penal y leyes locales que amplían la definición de delitos como «difamación», «calumnia» o incluso «terrorismo» para aplicarlos contra periodistas. Estas cambios permiten acusaciones vagas que criminalizan la difusión de información incómoda, como reportajes sobre corrupción o inseguridad.
Campeche es ejemplo flagrante. En ese Estado se ha penalizado la «difusión de información falsa» con multas y prisión, pero sin criterios claros para definir qué es «falso». Esto ha resultado en acoso judicial contra al menos cinco periodistas que cuestionaron el manejo de fondos públicos o la represión a protestas indígenas. Periodistas como los de «Tribuna Campeche» han sido inhabilitados temporalmente por reportar irregularidades en contratos estatales, bajo el argumento de «dañar la imagen del gobierno».
En Puebla, el panorama es igualmente alarmante. El gobierno de MORENA, modificó el Código Penal para incluir cláusulas que castigan la «incitación al desorden» a través de medios digitales. Al menos 27 periodistas han sufrido censura y acoso judicial en los últimos 18 meses en el país, con Puebla registrando un incremento del 30% en denuncias por restricciones a la libertad de expresión. Estas reformas no solo amedrentan a los informadores, sino que erosionan el derecho ciudadano a estar informado, fomentando un ambiente de autocensura donde solo prevalece la narrativa oficial.
Veracruz no se queda atrás. Además del caso de León, el estado ha visto un aumento en agresiones contra la prensa, con 120 incidentes documentados en 2025 por Artículo 19, muchos vinculados a reportajes sobre inseguridad. La Fiscalía ha utilizado leyes antiterrorismo, originalmente diseñadas para combatir el narco, para etiquetar a periodistas como amenazas a la seguridad. Esto no es protección; es represión.
Los regímenes de MORENA, al modificar legislaciones para expandir el control sobre los medios, están socavando los pilares de la democracia mexicana. En lugar de abordar la raíz de la violencia –como la colusión entre autoridades y cárteles–, optan por culpar a los mensajeros. Esta tendencia, que se acelera con la expansión de MORENA en entidades clave, representa un retroceso autoritario que evoca épocas oscuras de la censura priista, pero ahora con un barniz «progresista».
La promesa de libertad de expresión bajo la Cuarta Transformación fueron puras cuentas de vidrio que se nos entregaron a cambio de la libertad. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han alertado sobre el deterioro, clasificando a México como uno de los países más peligrosos para el periodismo. Si no se revierte esta deriva, el periodismo independiente podría extinguirse, dejando a la sociedad en la oscuridad de la propaganda estatal.
En medio de esta censura velada, en la que se quiere privilegiar la mentira de que México es país de libertades, resuenan las palabras del Papa Francisco en la audiencia del Jubileo de los Comunicadores, celebrada en enero de 2025: “El Jubileo se celebra en un momento difícil de la historia de la humanidad, con el mundo todavía herido por las guerras y la violencia, por el derramamiento de tanta sangre inocente. Por eso quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos los trabajadores de la comunicación que arriesgan su vida para buscar la verdad y contar los horrores de la guerra”.
El Pontífice defendió la libertad de prensa como esencial para “distinguir la verdad de la mentira” y reconstruir la fraternidad, reconociendo el valor inestimable de los periodistas en su búsqueda por la verdad. Nada más certero, especialmente cuando el camino hacia el autoritarismo está tapizado de la censura y persecución que pone como terroristas a quienes sólo defienden esa libertad esencial: La de informar.
